OTRO DERECHO VIOLENTADO

Ulbio Cárdenas S.

El Ministerio de Educación, mediante oficio número DM-0075 del 10 de noviembre de 2011, suscrito por el Dr. Oswaldo Redrován Samaniego, Asesor del Despacho Ministerial, dispone a los Directores Provinciales de Educación la realización de un “mapeo” de planteles educativos, autoridades y dirigentes estudiantiles del país; información calificada como prioridad planteada por el Presidente de la República, y que tiene el carácter de urgente y confidencial, tal como reza la comunicación. La información ordenada, a más de la identificación respectiva, debe referirse a la filiación política y/o gremial, a la afinidad de los directivos con el proceso (de la revolución ciudadana seguramente) y a la participación en movilizaciones. Esta información recolectada en una ficha individual; bajo responsabilidad del Director Provincial de Educación, debe remitirse al despacho ministerial en 72 horas. En Morona Santiago, donde el Director de Educación brilla sólo en el cumplimiento de este tipo de órdenes, se ha procedido a recolectar la información; y seguramente se habrá canalizado ya al despacho ministerial-

El artículo 66 de la Constitución garantiza una serie de derechos a los ciudadanos, y en su numeral 11 establece: “El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. EN NINGÚN CASO SE PODRÁ EXIGIR O UTILIZAR SIN AUTORIZACIÓN DEL TITULAR O DE SUS LEGÍTIMOS REPRESENTANTES LA INFORMACIÓN PERSONAL O DE TERCEROS SOBRE SUS CREENCIAS RELIGIOSAS, FILIACIÓN O PENSAMIENTO POLÍTICO…”. La norma es clara y no admite tergiversaciones: garantiza la reserva de la filiación política; y, su utilización arbitraria está prohibida.

Esta disposición inconstitucional termina con el derecho a la reserva sobre las convicciones políticas y la no utilización arbitraria de las mismas. Este acto injurídico se suma a la ya larga serie de derechos atropellados; como el derecho a la protesta, a la estabilidad laboral, a una justicia despolitizada, a un salario acorde con la canasta básica, a los derechos de la naturaleza….

¿Cómo van a utilizar esta información ilegal?. Si quienes hoy dirigen el Estado han sido incapaces de respetar los derechos constitucionales; no puede menos que pensarse en la posibilidad de que en base a esta información se haga el seguimiento a los directivos de los planteles, para desembocar luego en el hostigamiento y persecución a quienes no están alineados con el régimen; e iniciar por otro lado, un proceso de adoctrinamiento a la juventud sin filiación política. ¿Utilización de recursos públicos en beneficio del oficialismo?.

Quienes aún nos atrevemos a hacer uso de la libertad de opinión, por responsabilidad con el país no podemos menos que condenar la sistemática violación de los derechos ciudadanos, en nombre precisamente del poder ciudadano; y alertamos a la conciencia democrática nacional para enfrentar esta escalada contra las libertades, que configuran ya la sombra de una dictadura, cuyos límites aún no se divisan y que cada vez va asumiendo poses fascistoides